El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) determinó que la negación de información por parte del Gobierno de Navarra en la legislatura anterior a una parlamentaria de Navarra Suma infringió el “derecho fundamental a la participación política” establecido en el artículo 23.2 de la Constitución.
En la sentencia, que puede ser apelada ante el propio tribunal, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN condena al Gobierno de Navarra a aceptar esta declaración y anula la negación de información que se realizó el 23 de enero de 2023 por la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, respecto a la información que solicitó la parlamentaria Cristina Ibarrola.
El 22 de diciembre de 2022, la parlamentaria recurrente había solicitado una copia de los documentos de trabajo que mencionó el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial en una comparecencia parlamentaria del día anterior.
Según la demandante, estos documentos de trabajo hacían referencia a indicios de responsabilidad contable y conductas delictivas relacionadas con el acuerdo entre SODENA, CEN y Albyn Medical.
La Sala sostiene que “la demandante tenía el derecho, en el ejercicio de su función, de obtener la documentación solicitada de la Administración Foral, y la negación de la misma infringió el derecho fundamental” establecido en el artículo que se mencionó de la Constitución, “porque la función de control al Ejecutivo Foral es central en su función representativa parlamentaria, que se lleva a cabo a través de la solicitud de información, y hubo una violación del ‘ius in officium’ por una restricción ilegítima de los derechos y facultades de la recurrente en el ejercicio de su función parlamentaria”.
